San Raymundo Jalpan.- Luego de la anulación de los comicios, de dos frustrados intentos de elección extraordinaria, bloqueos, plantones, denuncias mutuas y confrontación que les hizo perder el primer año de su gobierno municipal, priistas y perredistas de San Miguel Chimalapa acordaron el 8 de diciembre integrar un Consejo de Administración Municipal que el Congreso aprobó el 14 de diciembre para que opere los próximos dos años en esa localidad zoque.

Puede parecer un chiste cruel, de humor negro, pero no lo es. Lamentablemente la realidad indica que la “solución” de algunos de los crímenes más sonados en la región del Papaloapan han sido más producto de la suerte que del trabajo serio y profesional de la Procuraduría General de Justicia.

En tan sólo un año, la procuraduría ha “resuelto” una serie de asuntos en los que poco o nada tuvieron que ver la investigación acuciosa, sino más bien el exceso de confianza de los supuestamente “más buscados” por la Justicia oaxaqueña.

El proyecto de construir la mini hidro-eléctrica Cerro de Oro está cancelado. A pesar del ofrecimiento de impulsar un nuevo proyecto, que aparentemente no generaría la misma destrucción ambiental que el original y de las promesas de generar 250 empleos directos durante los tres años que dure la obra, hecho por la empresa Electricidad de Oriente a través de sus representantes, Mauricio Justus Villarreal, Carlos Jinich Ripstein, tres de las cuatro comunidades afectadas dieron un rotundo rechazo a la inversión privada.

Reportes periodísticos de diarios chiapanecos, boletines de prensa e Informes del gobierno de Juan Sabines brindan un panorama del tráfico de madera en el estado de Chiapas en los últimos cinco años.

2007 En su primer informe de gobierno, Juan Sabines dio a conocer que en acciones de inspección efectuadas por la Profepa para aplicar la normatividad ambiental se aseguraron 550 metros cúbicos de madera y se clausuraron 7 centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales.

Uno de los síntomas de la debilidad del Estado de derecho y de los gobiernos de Oaxaca, es la enajenación de espacios públicos a favor de particulares que los disfrutan tan ilegal como impunemente. Si por un lado los llamados empresarios exigen castigo a los que hacen marchas, plantones o se instalan en la vía pública como ambulantes, por otro lado muchos de ellos también se adueñan de dichas vías que usan como estacionamientos, ampliando en ellos sus negocios o sus edificaciones. La anarquía es común a todas las clases sociales en Oaxaca.

Grave error reprimir a zoques para rescatar a“El tigre de Cintalapa” y hablar de suspensión de permisos de explotación forestal a talamontes chiapanecos cuando continúan la desforestación.

El pasado 15 de agosto del 2011, ante una solicitud de información a través del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el tesorero del Congreso estatal Anselmo Ortiz García afirmó que “el Presupuesto de Egresos no contempla la partida de comunicación social (para el Poder Legislativo), por lo tanto, no se asignan recursos específicos para ella”.