Hay tres puntos innegables en el asunto magisterial de Oaxaca:

1.- A la Sección 22 no le importa en absoluto la educación. Ni la pedagogía, ni la ciencia de la educación.
2.- A los funcionarios del gobierno tampoco les importa eso sino sobrellevar a esas camarillas a las que teme y aprovecha.
3.- A ambos, Sección 22 y gobierno del estado, les cayó como balde de agua fría la reforma educativa del gobierno federal al quitarles ese rico filón del IEEPO.

No les importa la educación

Del primer punto hay pruebas de sobra, durante más de tres décadas los maestros sólo han presentado un llamado pliego petitorio, donde se dedican a pedir y pedir, más salario, menos horas de trabajo, más prestaciones, menos responsabilidad con su labor esencial que es enseñar. Sus demandas son sólo económicas que adornan con manifiestos de lucha social.

Lo medular del tema educativo, pedagogía, capacitación, calidad y buen servicio quedan al margen, no les interesa. Sólo atienden temas de capacitación y pedagogía (del oprimido) y con ese pretexto exigir dinero para alguna actividad.

CEDES 22, su Centro de Estudios de Desarrollo Educativo es casi un elefante blanco aunque con personal bien pagado y alto presupuesto. Sus publicaciones son lastimosas, simples fotocopias. Lo que les importa es el dinero que exigen para sus “investigaciones”. Dinero que le llega a la jerarquía por todos lados, por el manejo de claves, venta de plazas, de horas, de reubicaciones; por regalías de Serfin por cada cuenta que maneja de los docentes; de las tiendas de electrodomésticos que “estimulan” a los dirigentes.

“¿Por dónde me le cuelo a la vida?”, es una de las frases lapidarias que el escritor Juan Rulfo pone en uno de sus personajes. Se trata de alguien que busca cómo dejar de sobrevivir para Vivir, con mayúscula. En Oaxaca esto puede aludir a las oportunidades de los jóvenes para desarrollarse y crecer. Oportunidades escasas por carencias y rezagos de sobra conocidos.

Las oportunidades de destacar y hacer fortuna en la entidad, entonces, se concentra en la política, en la consecución de cargos y poder. Aquí tener poder político es sinónimo de tener dinero; el acceso al erario parece que hasta de manera natural ofrece de inmediato elevación del estatus.

El lema que se maneja en los corrillos de la Facultad de Derecho de la UABJO, institución desmantelada, se extiende cual aserto de sentido común a todos los espacios sociales, más aún en los político-administrativos: “El que no transa no avanza”. La competencia ya no se da en el terreno de la productividad, sino en quién encuentra el mejor padrinazgo.

¿Hacia dónde va Oaxaca? No hay perspectivas buenas, ni siquiera esperanzas a la vista. Si antes decíamos todo está mal, ahora hay que decir todo está peor. Mucho se dice “Resultó peor el remedio que la enfermedad”, en referencia al cambio político que se esperaba con la alternancia y el arribo de Gabino Cué al gobierno del estado.

Parece que estamos condenados siempre a anhelar un pasado inmediato menos malo. Hay en estas páginas dos reportajes que sugieren lo anterior. En la Secretaría de Salud, donde entre más se denuncian las negligencias más suceden. Si se anuncia una negligencia en un hospital, como el Macedonio Benítez de Juchitán, a la semana siguiente se da otra peor: muerte del recién nacido y abuso médico sobre la madre.

Los altos funcionarios de Salud no se inmutan, empezando por el secretario Germán Tenorio Vasconcelos, quien no pierde el sueño, por el contrario saca tranquilo sus cuentas, ofrece estadísticas de lo que llama “partos fortuitos”, un eufemismo de las negligencias médicas en Oaxaca. No se nota que el gobernador lo llame a cuentas, y menos que lo cese, sólo promesas de que no volverán a ocurrir, y ocurren una y otra vez. Y cada nueva falla los confirma en sus cargos, los hace intocables, con lo cual se garantiza el trato inhumano a las mujeres de Oaxaca.

Felicitaciones al compañero Octavio Vélez por su merecido Premio Nacional de Periodismo.

El tema educativo de este país y de nuestro estado es muy complejo. Larguísimo para comentar y abordar al menos las aristas más importantes de su embrollo. Lo de hoy es la Reforma Educativa, el despliegue que realiza el gobierno federal por retomar de nuevo el control de ese servicio en todo el país, una vez que fracasó su llamada descentralización administrativa.

Esa descentralización o mejor dicho desconcentración de los años 90, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue planeada también para quitar la presión de las secciones estatales del SNTE que desde 1980 con los maestros disidentes de Oaxaca y de otros estados, Chiapas, Guerrero, agrupados en la CNTE, acudían con sus manifestaciones a la ciudad de México.

En el marco de esa política pública nacional, el gobierno federal se quedó, empero, con la rectoría de la educación, diseño de currícula y planes y programas de estudio, así como de los libros de texto gratuitos. También la rectoría de la educación Normal. Sólo pasó a manos de los gobierno estatales la administración del personal e infraestructura escolar, para lo cual la federación envía el dinero para pagar todo eso.

Hay quienes con el argumento de la soberanía del estado rechazan las nuevas disposiciones que el centro federal está tomando o retomando. Destacan dos de singular importancia: el control de la administración del servicio educativo y el de los asuntos electorales.

Empero, esos asuntos delicados en manos de los gobiernos de los estados, como en Oaxaca, se han pervertido evidentemente.

Centralización electoral

De ahí que no se haya dado una notable oposición desde las entidades por defender sus instituciones “democráticas”.

Los institutos electorales estatales han sido borrados desde el centro federal con la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) que suple al IFE y que nombrará ahora a las autoridades electorales locales.

De dónde habría fuerza moral para defender sus endebles instituciones los estados cuando después de casi 20 años de ensayar la ciudadanización de esos órganos es claro que los gobernadores nunca soltaron el control del mismo, aunque permitiendo que los partidos se repartieran los puestos y cargos a placer. Así como el manejo irregular de sus millonarios recursos. Es verdad que en

Oaxaca el jefe del poder ejecutivo actual no ejerció su control sobre el instituto electoral, pero más por su talante de no controlar nada de los grandes asuntos estatales que por voluntad democrática. Cuando el instituto necesitó de su autoridad fue omiso siempre.

En el viejo problema de Chimalapas, donde los sucesivos gobiernos de Oaxaca han incurrido en omisión para su defensa, destaca en 1995 y 2013 lo que llamamos en En Marcha “extrañas coincidencias históricas”. Presentamos acá a los altos funcionarios del gobierno de Diódoro Carrasco de 1995 y de ahora de nuevo en el poder con el sello diodorista, quienes “coincidentemente” ayer y hoy buscan favorecer a Chiapas.

En 1995 el INEGI cambió en sus mapas los límites entre Oaxaca y Chiapas a favor de este último. Al mismo tiempo, cual si hubiera un acuerdo con INEGI, Chiapas también cambió sus límites. Diódoro Carrasco, entonces gobernador, como si igual estuviera de acuerdo, nada dijo. En el 2002 ante reclamos del nuevo gobierno de Oaxaca INEGI “corrigió el error”.